La Universidad de Antofagasta se verá obligada a pagar 60 millones de pesos a una exestudiante de Derecho después de que el Segundo Juzgado Civil determinara que la institución incurrió en una conducta negligente. La sentencia, dictada por la jueza Andrea Przybyszewski, concluyó que la universidad aprobó la convalidación de materias sin respetar sus normas internas, lo que culminó en la negativa de la Corte Suprema, en 2020, a aceptar su juramento y, por ende, a otorgarle el título profesional.
El conflicto se remonta a 1979, cuando la afectada inició sus estudios en Derecho en la Universidad de Chile, completando sus asignaturas en 1983 y, debido a problemas de salud, no pudiendo repetir su examen de grado tras reprobarlo en 1985. Con el tiempo, desarrolló su carrera en la Contraloría Regional de Antofagasta tras realizar su práctica profesional. En 1999, decidida a reanudar sus estudios para ejercer la abogacía, ingresó a la Universidad de Antofagasta, institución que mantenía convenio con la Universidad de Chile. Se le convalidaron 27 asignaturas, representando un 79% del plan de estudios, y entre 2000 y 2003 cursó seis ramos adicionales para completar la formación. Posteriormente, aprobó su examen de grado en 2009 y logró obtener la licenciatura en 2018.
En el año 2019, la exalumna presentó la documentación necesaria ante la Corte Suprema para finalizar su titulación; sin embargo, en enero de 2020, el tribunal rechazó formalmente su juramento, argumentando que la universidad había violado su propio reglamento al convalidar un número excesivo de materias. A pesar de los reiterados intentos de solucionar el problema entre 2021 y 2023, que incluyeron solicitudes a través de la Ley de Transparencia, la universidad mantuvo su postura, lo que llevó a la afectada a interponer una demanda civil por daños y perjuicios en septiembre de 2023.
El fallo, que fue emitido el mes pasado, reconoce que la institución abrió un proceso que sabía defectuoso, exponiendo a la exalumna a un esfuerzo académico y emocional prolongado sin la debida orientación sobre los límites legales. El abogado José Gallegos, experto en derecho penal y civil, explicó que la condena se fundamenta en haber creado una vía de estudio ya cerrada, subrayando la necesidad de que la autonomía universitaria se ejerza con responsabilidad, transparencia y conforme a sus propias normativas.
Con base en este precedente, la jueza ordenó a la Universidad de Antofagasta pagar 60 millones de pesos, más los reajustes e intereses pertinentes, lo que llama a una revisión exhaustiva de los procedimientos de convalidación en las instituciones de educación superior, especialmente en casos de trayectorias académicas interrumpidas por el tiempo.
Autor: Roberto Sánchez