El nuevo director ejecutivo de Techo, Gonzalo Rodríguez, declaró que “no hay prioridad para las familias con mayor vulnerabilidad” tras la presentación del Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025, el último registro elaborado por la fundación. Desde que asumió hace dos meses, Rodríguez ha advertido sobre la ausencia del Estado en amplios sectores y el avance del narcotráfico en zonas donde la presencia policial es casi nula. Además, subrayó la carencia de voluntad política para regularizar más de 230 asentamientos ubicados en terrenos fiscales.
El catastro revela que 120.000 familias habitan en 1.428 campamentos a nivel nacional, concentrándose el 85% de estos en regiones como Tarapacá, Atacama, Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y Biobío. Preocupa que, a pesar de un notable crecimiento, el 35% de los campamentos haya existido desde antes del 2010. Estas concentraciones se explican en parte por el dinamismo urbano y las oportunidades laborales, así como por el incremento de la migración en zonas como Santiago y el norte, que ha disparado la demanda de vivienda.
Rodríguez resalta que el gran desafío consiste en prestar nuevamente atención a los campamentos, olvidados en la última década y regresando a cifras históricas de hace 30 años. La política habitacional vigente no responde adecuadamente a las necesidades de estas familias, de las cuales el 80% se ha establecido en campamentos por no poder costear el arriendo.
El aumento de campamentos, especialmente de forma abrupta entre 2019 y 2020 a raíz del estallido social y la pandemia, se debe al incremento en la informalidad laboral. Aunque el 90% de sus habitantes trabaja, tan solo la mitad posee un contrato formal. La pérdida de ingresos durante la pandemia llevó a muchas familias a buscar refugio en campamentos, siendo esta situación una consecuencia directa de la precariedad económica.
Si bien se registra un menor incremento en el número de campamentos este año, Rodríguez advierte que esto no implica una solución al problema, ya que la población vulnerable continúa en aumento y se perpetúa en estas condiciones. La responsabilidad de enfrentar este desafío no recae únicamente en el Estado, sino en la sociedad en su conjunto, ya que invertir en campamentos es invertir en ciudades y comunidades más cohesionadas.
En cuanto al Plan de Emergencia Habitacional, el director de Techo destaca que, a pesar de estar encaminado a potenciar la construcción y aumentar la oferta de viviendas, el plan ha sido insuficiente para los campamentos. De las 190.000 viviendas entregadas, apenas 1.700 han beneficiado a familias procedentes de campamentos, es decir, menos del 1%. Si se considera que el 17% del déficit habitacional corresponde a hogares en campamentos, es evidente que la proporción requerida no se cumple. Los subsidios actuales son escasos y no facilitan el acceso a terrenos adecuados ni a viviendas de calidad, especialmente para el 40% de la población más vulnerable.
Otro punto crítico es el procesamiento de los desalojos en cerca de 450 campamentos en riesgo, tanto por vía administrativa como judicial. Rodríguez insiste en que el desalojo debe ser la última opción, ya que implica trasladar a las familias sin resolver la raíz del problema. Es fundamental que se garantice un proceso que respete los derechos de las personas, especialmente de los niños, mediante soluciones habitacionales adecuadas y tiempo suficiente para organizar la reubicación.
Asimismo, la falta de regularización de terrenos fiscales donde residen familias constituye una falta de voluntad política, dado que estos terrenos pertenecen a Bienes Nacionales y requieren acción interministerial. En este contexto, se han identificado 230 campamentos en terrenos estatales susceptibles de regularización, lo cual representaría una opción más económica que la construcción de nuevas viviendas.
Finalmente, Rodríguez llama la atención sobre el incremento del narcotráfico en algunos campamentos, situación que se agrava por la escasa presencia estatal. Aunque este fenómeno afecta a los grupos organizados, las principales víctimas son las propias familias, mayoritariamente trabajadoras y organizadas, que viven allí por necesidad. El problema, enfatiza, no es únicamente de seguridad, sino de vivienda y pobreza, y requiere soluciones integrales y coordinadas a nivel social y estatal.
Autor: Jorge Rojas