El texto analiza la relación entre el modelo neoliberal y el sistema penal en Chile, iniciando con el golpe militar de 1973 que derrocó a Salvador Allende y que marcó el inicio de un experimento neoliberal que impactó no solo en la economía sino también en la transformación institucional y cultural del país. Se observa cómo la revolución conservadora impuesta en esa época consolidó el ‘realismo capitalista’, concepto que ha permitido eliminar las alternativas al capitalismo, según lo analizado por teóricos como Mark Fisher y expresado en el adagio de Margaret Thatcher: “no hay alternativas”.
Con el retorno a la democracia a partir de 1990, se instauró una nueva fase de ‘populismo penal’, donde el discurso de seguridad ciudadana sustituyó a la doctrina de seguridad nacional. Un claro ejemplo es la aparición de la Fundación Paz Ciudadana, cuyo rol fue determinante para moldear el sentido común sobre la delincuencia, acompañada de campañas mediáticas que, en ocasiones, enfatizaban la necesidad de combatir el ‘terrorismo’ y el ‘extremismo’, mezclando miedos y realidades para legitimar medidas represivas. La política de Ley y Orden redujo significativamente las cifras de encarcelamiento en el país, llevando a Chile a ser uno de los más encarceladores de la región, lo cual evidencia la doble función del neoliberalismo: precarizar a amplios sectores y, a su vez, ampliar la respuesta punitiva ante la supuesta delincuencia.
El documento profundiza en el detalle del aparato policial, destacando la militarización de Carabineros y la permanencia de leyes como la Ley de Seguridad del Estado de 1958 y la Ley de Conductas Terroristas de 1984, que han permitido la politización de los procesos judiciales y el control social. Se recorre la evolución histórica, mencionando la integración forzada de cuerpos policiales en la figura de Carabineros, fruto de reformas de Carlos Ibáñez del Campo, y la incorporación de normas que, desde la dictadura hasta la actualidad, han sido utilizadas para justificar medidas de control ante protestas y crisis sociales. Casos emblemáticos como los de José Huenante o Alex Lemún evidencian la persistencia de la violencia institucional y la impunidad derivada de la jurisdicción militar, aunque reformada recientemente para excluir delitos de derechos humanos.
El artículo también aborda el impacto de eventos recientes: la masiva revuelta social de octubre de 2019 y la declaración de estados de emergencia en diversos momentos, junto con la respuesta de la pandemia de COVID-19. Ambos escenarios han servido para justificar medidas de excepción aún más ajustadas, en las cuales se han utilizado nuevos instrumentos legales, como la ‘Ley antibarricadas’ y disposiciones de la Ley 21.208, que amplifican las restricciones a derechos fundamentales. En estos contextos se han replicado políticas que, pese a presentarse como respuestas temporales, contribuyen a una configuración de excepción permanente, donde el Estado se defiende mediante la coerción y la militarización incluso en tiempos de autodenominada ‘transformación progresista’.
Finalmente, se examina la política reciente del gobierno encabezado por Gabriel Boric, en el cual las mismas estructuras que en el pasado se erigieron en bases para el control social y el orden público continúan operando. La continuidad de altos funcionarios en Carabineros y la falta de reformas significativas en materia de seguridad, junto con la utilización de leyes heredadas de la dictadura, evidencian que, a pesar de los discursos progresistas, el modelo de control estatal sigue vigente, perpetuando una estructura penal que se caracteriza por ser ‘fuerte con los débiles y débil con los fuertes’. El autor cierra invitando a un análisis interdisciplinario para comprender este proceso de reconfiguración en el contexto post-pandemia, en el que Chile se presenta como un caso paradigmático de la persistencia y adaptación del Estado policial.
Autor: Jorge Rojas