El acuerdo establecido entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama ha generado intensos debates, en especial en el contexto de derechos humanos y transparencia en el proceso de negociación. Varios estudios de opinión indican que una buena parte de la ciudadanía apoya esta iniciativa, considerándola ventajosa para Chile; sin embargo, la Cámara de Diputadas y Diputados, en junio pasado, respaldó de forma mayoritaria un informe de su Comisión Investigadora que solicitaba retirar el convenio. Los críticos señalan la falta de claridad en la socialización del proyecto, la omisión de criterios para excluir la licitación pública, la carencia de estudios técnicos y una posible pérdida millonaria para el erario nacional.
En el agitado ambiente político, tanto la derecha como el oficialismo han manifestado posturas encontradas. Mientras algunas figuras proponen auditorías y resaltan el potencial fiscal del acuerdo, otras esperan a que concluyan las negociaciones y defienden su continuidad, siempre y cuando se consigan garantías para evitar perjuicios ambientales y se garantice la participación de las comunidades locales.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, el análisis se centra en la necesidad de aplicar altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, conforme a instrumentos internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Resulta preocupante que el convenio no detalle el procedimiento mediante el cual se descartaron alternativas de licitación ni los criterios que justificaron la contratación directa del asesoramiento de Morgan Stanley, lo que puede representar un conflicto de intereses y menoscabar la credibilidad de la gestión pública.
Otro aspecto determinante es la relación de Codelco con el pueblo atacameño, cuyos territorios tradicionales se verán afectados por el proyecto Salar Futuro, que operará entre 2030 y 2060. A pesar de contar con un memorándum previo firmado por representantes de las comunidades para asegurar una participación activa y transparente, las comunidades se enteraron del convenio a través de los medios de comunicación. Este hecho recuerda episodios anteriores, como el pacto entre Corfo y SQM en 2018, que generó un conflicto prolongado al no ser consultadas las comunidades indígenas.
El acuerdo incluye cláusulas que reconocen los derechos de las comunidades en el territorio, exigiendo obtener su consentimiento previo, libre e informado para nuevas actividades, y promoviendo un diálogo basado en la buena fe y el respeto mutuo. No obstante, la ausencia de un proceso administrativo claro que active la consulta obligatoria según el Convenio 169 de la OIT ha derivado en cuestionamientos y recursos legales, evidenciando los desafíos a los que se enfrenta Corfo en su rol de entidad consultiva.
En el ámbito económico, Codelco argumenta que la propia inversión y el know how de SQM justifican la contratación directa, ya que una licitación abierta podría haber permitido a otras empresas ofertar a un precio inferior. Además, se resalta que el acuerdo asegura al Estado una participación del 80% en los ingresos operacionales, lo que contrasta con otros proyectos internacionales donde esta cifra ronda el 50%. Dichos recursos, según algunos analistas, son fundamentales para paliar carencias en derechos sociales y financiar proyectos de vivienda y salud.
Finalmente, si bien el pacto puede representar beneficios económicos significativos para el país, la verdadera prueba residirá en el establecimiento de un relacionamiento respetuoso y transparente con el pueblo atacameño. El reto para Codelco no solo será finalizar una historia de exclusión y arbitrariedad, sino también implementar procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos que permitan la participación activa de la comunidad en el desarrollo y los beneficios del proyecto, mitigando así los daños ambientales del pasado.
Autor: Jorge Rojas