Luego de dos jornadas de audiencia, durante la tarde de este viernes se difundieron los pronunciamientos judiciales respecto a las restricciones impuestas a los cuatro imputados, involucrados en el caso que está investigando la Unidad de Casos Complejos de la Fiscalía de Atacama en relación a las actuaciones desarrolladas por la Fundación Comprometidos en la región y en los territorios de Arica y Parinacota y Antofagasta. El tribunal destacó que la evidencia recabada durante esta fase, producto del trabajo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y sustentada por los argumentos presentados por la Fiscalía en la formalización, permitió identificar indicios sólidos que motivaron la imputación de los delitos, dada la contundencia y relevancia de la información obtenida.
En el caso específico del exfuncionario público de Atacama, identificado como J.C.T., la jueza de turno ordenó su prisión preventiva en el establecimiento carcelario de la región, argumentando que su libertad representaba un riesgo para la seguridad de la sociedad. La Fiscalía investiga a J.C.T. por los delitos de cohecho agravado, fraude al fisco y lavado de activos. Asimismo, respecto a S.D.V., fundador de la Fundación Comprometidos, se investiga por delitos de soborno, fraude al fisco, administración desleal y lavado de activos, y el tribunal determinó que debe permanecer en prisión preventiva durante el transcurso de la investigación.
Por otra parte, se decretaron medidas menos restrictivas para las otras dos imputadas: G.C.V. deberá cumplir con arresto domiciliario nocturno, mientras que M.J.O. estará sujeta a confinamiento total en su domicilio, sumado a la obligación de mantener arraigo nacional y la prohibición de establecer contacto con el resto de los implicados.
El Fiscal Regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, manifestó que los pronunciamientos cautelares obtenidos estaban en línea con lo esperado, dado el peso de los argumentos aportados durante la audiencia de formalización. “Estas medidas son coherentes; hemos logrado decretar prisiones preventivas para algunos y arrestos domiciliarios para otros, lo cual resulta adecuado en casos donde se atenta contra el patrimonio público de todos los ciudadanos”, sostuvo Shertzer, haciendo énfasis en que esta versión inicial es solo el comienzo de futuras acciones judiciales, especialmente en una causa que involucra tres regiones distintas.
En relación con la investigación, la comisaria Claudia Chávez, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI Copiapó, explicó que la pesquisa, coordinada con la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama, se inició en julio de 2023. Durante esta etapa se realizaron diversas diligencias que permitieron recabar antecedentes esenciales, los cuales fueron presentados durante el proceso de formalización de los cuatro detenidos por efectivos de la Bridec Copiapó. Según Chávez, el proceso investigativo abarcó diversas indagatorias en las regiones de Atacama, Arica y Parinacota, Antofagasta y Metropolitana, con el respaldo del Laboratorio de Criminalística Regional y la Brigada Anticorrupción Metropolitana. Asimismo, se estableció que, en el segundo semestre de 2022, la Fundación Comprometidos se adjudicó cuatro convenios con Gobiernos Regionales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por un monto aproximado de 600 millones de pesos, cuyo fin no se cumplió debido a la inexperiencia de la fundación y al uso indebido de los recursos asignados.
Autor: Roberto Sánchez