El fiscal Patricio Cooper validó la explicación ofrecida por Irina Karamanos, quien fuera coordinadora sociocultural en la Presidencia antes del inicio del gobierno actual, respecto a los abonos por $4.467.500 que se registraron en la fundación ProCultura. Según su versión, dichos abonos correspondieron a rebotes de su sueldo, producto de transferencias rechazadas por limitaciones de su cuenta, situación que fue confirmada mediante el exhaustivo análisis de sus cartolas bancarias y, además, permitida la revisión por parte del fiscal. En noviembre se la declaró como imputada en la causa, hecho que se derivó del informe policial que señalaba estas operaciones en el contexto de cuestionamientos a los movimientos de fondos en dicha fundación.
La comunicación de la fiscalía dejó claro que, ante la ausencia de antecedentes que pudiesen configurar un delito, ya no correspondía a Karamanos la calidad procesal de imputada, sino la de testigo. Este cambio fue ratificado en respuesta a la solicitud de copia de la carpeta investigativa, ya que al perder su carácter de imputada, tampoco tenía derecho al acceso de dichos documentos.
El caso ProCultura, asimismo, tiene una alta sensibilidad política debido a la participación de la fundación creada por el psiquiatra Alberto Larraín en 2009, quien, tras su alejamiento de la Democracia Cristiana, se integró al Frente Amplio y asesoró al entonces diputado Gabriel Boric. Además, la investigación demanda esclarecer posibles delitos derivados del notable incremento en las transferencias de fondos públicos a la fundación: de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022, sin contar las operaciones estipuladas en la ley de donaciones. La causa también identifica a varios gobernadores en ejercicio, entre ellos Ricardo Díaz, Rodrigo Mundaca, Claudio Orrego, Óscar Crisóstomo, Jorge Flies y el exgobernador Rodrigo Díaz, como sujetos de interés.
El origen de la polémica se remonta al correo enviado el 26 de junio de 2024 por Edson Figueroa, comisario de la Brigada Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), en el cual se detectaron posibles irregularidades en las cuentas de la fundación. En dicho mensaje se destacó una operación en la que se registró un abono de $2.384.843, tipificado erróneamente como pago de sueldo, y se mencionaron cinco operaciones asociadas al nombre de Karamanos, efectuadas entre el 2 de agosto de 2021 y el 3 de enero de 2022, junto con un préstamo personal por un millón de pesos.
En respuesta, Karamanos afirmó de forma categórica en sus redes sociales que “es falso que yo haya realizado abonos” y explicó que todos los movimientos correspondían a rebotes de transferencias efectuadas por su antiguo empleador, dado que en determinadas fechas se vieron rechazadas por las limitaciones mensuales de cuenta rut, la cual según BancoEstado no puede recibir más de 4.000.000 de pesos en un mes calendario. Asimismo, destacó que sus propias cartolas bancarias, presentadas oportunamente al fiscal, no respaldaban la acusación de haber efectuado depósitos erróneos.
La causa, dada su complejidad y las implicancias políticas, sigue arrojando interrogantes sobre la gestión de fondos públicos y la correcta interpretación de las transacciones bancarias asociadas a figuras cercanas al actual gobierno.
Autor: Jorge Rojas